Presidente Santos no sancionó ley de madres comunitarias

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El presidente Juan Manuel Santos decidió no sancionar la ley de madres comunitarias que les aseguraría un contrato de trabajo a término indefinido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar junto con un subsidio permanente de vejez.

La ley había sido aprobada en el Congreso y con ella se beneficiarían alrededor de 50 mil madres comunitarias quienes pasarían de tener un trabajo a través de tercerización laboral a un contrato directo con el Icbf.

Según un comunicado emitido por Presidencia, el proyecto “implicaría la vinculación directa al Icbf en calidad de empleadas de las madres comunitarias, sustitutas y tutoras, lo que representaría erogaciones del orden de $769.748 millones anuales. El Icbf pasaría de tener 6.000 servidores públicos a 61.000”.

En otras palabras, el proyecto generaría un impacto fiscal de enormes proporciones que el gobierno no puede solventar. Sobre todo, luego de que la Corte Constitucional fallará una tutela y ordenara pagar prestaciones sociales a 106 madres comunitarias del Icbf, un fallo que, según algunas estimaciones, tendría un costo de seis billones de pesos. La directora del Icbf, Cristina Plazas, se refirió a esta sentencia afirmando que solicitaron ampliar el tiempo para cumplir el fallo, pero están trabajando para cumplirlo.

Plazas afirmó que la ley de madres comunitarias “acabaría con el Instituto (…) quebraría al Icfb”. También indicó, “que las madres desde el 2014 tienen garantizados sus recursos por medio de las asociaciones que ellas mismas han creado”. Además, aclaró que “el proyecto de ley no habla de formalización, lo que busca es que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el Icbf, es decir, que se conviertan en servidoras públicas y esto quiere decir que se creen 64.000 nuevos puestos en la planta de personal, lo que le costaría al Instituto más de 800.000 millones de pesos. Con estos recursos atenderíamos a más de 400.000 niños”.

Según el Gobierno, las madres comunitarias ya cuentan con beneficios de pensiones, para quienes no coticen pensión, un subsidio de $280,000 y las que aportaron pero no cuentan con las semanas tendrían derecho a los Beneficios Económicos Periódicos. La ley establecía un subsidio permanente a la vejez para las madres con más de 57 años, que tuvieran diez años o más trabajando con la entidad y no estuvieran pensionadas.

Además, que cuentan con un subsidio de vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro con antigüedad de seis meses, a diferencia de los demás colombianos, que es mínimo de un año. También sus bienes serían catalogados como bienes públicos estrato uno.

Por su parte, el senador Alexander López del Polo Democrático, autor del proyecto de ley, mostró su desacuerdo y declaró en entrevistas que Santos se equivoca al objetar este proyecto de ley, para el senador es una decisión lamentable que desdice de su condición de Presidente y que esta decisión puede ocasionar que más 1.5 millones de niños y niñas pierdan la posibilidad de tener una adecuada alimentación basada en las necesidades nutricionales que están incluidas en el proyecto”.

López también desmintió de que este contrato requiriera más recursos del Estado. Según él, es mentira que la contratación de es generaría un gran impacto fiscal. Para el congresista ese dinero ya se la están dando a entidades que también reciben algunos beneficios en tributación. El objetivo, dice López, es eliminar la intermediación de dichas entidades y que fuera el Estado directamente el que le garantizara el trabajo a las madres.

Sin embargo, Cristina Plazas afirmó que la ley también dificultaría el acceso al trabajo de estas madres. Para la funcionaria esta ley no beneficia a este grupo de mujeres, porque si ingresan a la nómina del instituto ellas deberían entran a concurso público para estar en la planta del Icbf y tal vez no todas ellas pasarán dicho concurso y esto generaría que muchas de estas madres salgan del programa.

Las madres comunitarias, por su parte, afirmaron que es posible que se realice un paro por esta decisión. Una vocera de las madres comunitarias aseguró que las madres están muy sentidas y que esta decisión del mandatario es un golpe bajo para las mujeres que han prestado sus hogares para el Estado.

Las madres comunitarias

Desde 1986, estas mujeres cuidan a niños de padres en estratos 1, 2 y 3 de manera informal, siendo financiadas por particulares. Sus actividades se fueron fortaleciendo poco a poco hasta que en el año 2014 fueron formalizadas.

Hace un año las madres comunitarias realizaron un paro de 11 días al frente de la sede del ICBF de Bogotá para protestar por sus condiciones laborales. En este contexto el senador del Polo Democrático, Alexander López, realizó un debate en el Congreso en el que denunció la informalidad de las madres comunitarias, la mal balanceada alimentación de los menores y cómo los millonarios contratos se entregaban a entidades que luego subcontratan a las mujeres.

El proyecto de ley establecía que una vinculación formal para las madres cabezas de hogar, capacitación educativa, alimentación a menores con contenidos nutricionales apropiados y acceso a un subsidio permanente de vejez.